Sala Constitucional Acoge Recurso de Amparo Contra el Paraquat y el Diquat

• Ministerio de Salud y Ambiente esconden información que demuestra que el paraquat debe ser sacado del mercado nacional.
• Ecologista abogan por la prohibición total de plaguicidas de la “docena sucia”.

(San José, 26/07/2021) La Red de Coordinación en Biodiversidad ha interpuesto un Recurso de Amparo para proteger la salud humana, animal y ambiental en contra de la contaminación con paraquat (comercialmente conocido como Gramuxone) y el diquat. Ambos herbicidas altamente tóxicos y persistentes en suelos, agua y bioacumulador. Para el ser humano el paraquat afecta seriamente los pulmones con efectos agudos y crónicos irreversibles, además de ser uno de los agrotóxicos perteneciente a la Docena Sucia según la Pesticide Acción Network Internacional (PAN).

Es contradictorio que desde al menos hace tres años funcionarios técnicos del MAG, MS, Minae y MTSS advirtieron sobre el grave peligro que representa el herbicida paraquat, pero a la fecha los altos jerarcas se han negado a sacarlo del mercado. En julio de 2018 estas entidades publicaron el exhaustivo y detallado informe técnico-científico “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”. El informe de los cuatro ministerios concluye que:

“De acuerdo con la información compilada sobre las propiedades del paraquat, reflejan preocupaciones sobre los efectos que se generan sobre el ambiente por el uso de este producto como herbicida. Por ejemplo, la contaminación de aguas subterráneas y del suelo, así como la muerte de organismos que son la base de la cadena trófica, lo cual desestabiliza el equilibrio natural de los ecosistemas. A esto se suma la preocupación por el uso que se da del herbicida en el campo como desecante con lo que es muy probable que se produzcan dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas tanto para humanos como para otros seres vivos. … Por su parte, por la alta incidencia y gravedad de las intoxicaciones reportadas al Ministerio de Salud y al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (CCSS), se recomienda la prohibición del plaguicida paraquat en sus distintas formulaciones. Asimismo, se considera de importancia eliminar de raíz la posibilidad de éxito de las intoxicaciones por intento de suicidio, las que representan entre los años 2012-2016 más de un 50% del total. Dicho impacto sólo puede ser logrado mediante la prohibición absoluta, eliminando la disponibilidad de este producto, que a pesar de ser regulado por receta profesional, se abre camino para presentar dichos riesgos.”

Por su parte el otro herbicida cuestionado, el Diquat, fue registrado de forma irregular por el MAG. Así lo confirmó el Departamento de Gestión de la Calidad Ambiental. Debido a que MAG complació a la Cámara de Productores Piñeros (CANAPEP) para que le dieran permiso de sus empresas de importar y al aplicar de forma desmedidad DIQUAT como desecante en sus campos, en dosis 4 veces lo recomendado. Este herbicida es altamente tóxico y afecta de manera agresiva a seres humanos abejas y animales acuáticos. MAG emitió permiso sin el visto bueno del Ministerio de Salud ni el Ministerio de Ambiente y Energía. Pero además el permiso del Diquat se otorgó sin mediar criterio técnico.

En este momento son los magistrados y la magistradas de la Sala Constitucional quienes evaluarán si la inacción por parte del Ministerio de Salud violenta su mandato básico de proteger la salud pública. Mientras no se haga efectivo este decreto de prohibición, se continuarán incumpliendo la Constitución Política en los los artículos 21 (“La vida humana es inviolable”), el artículo 46 (“… Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad…”) y el artículo 50 (Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.), así como el Principio Indubio ProNatura, también conocido como Principio Precautorio.

Desde la Red de Coordinación en Biodiversidad hacemos nuestras las palabras del científico argentino el Dr Andrés Carrasco (1946-2014)“Cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva… No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública.”