FECON condena detenciones y cargos ilegítimos en Longo Mai
El país vive un convulso momento de su historia este 2020. Frente a las acciones de calle que estallaron por la situación que atraviesan múltiples comunidades y multivariados sectores de la vida nacional, el Gobierno ha mantenido una estrategia de desacreditación sistemática. Desde el inicio se trató de deslegitimar vinculando las acciones con grupos empresariales, partidos de oposición y finalmente hasta con el narcotráfico.
Según el Ejecutivo, los bloqueos parciales sostenidos por dos semanas incumplen con una supuesta forma costarricense de resolver sus asuntos políticos. Sin embargo, se negó atender a las agrupaciones que se movilizaron a San José el lunes 12 de octubre, montando contrariamente un cuestionado operativo que culminó en una fuerte represión y detenciones aleatorias sobre las que no pudieron establecer cargos.
A pesar de que el Gobierno pide un regreso a la paz y normalidad, ha demostrado poca credibilidad para generar diálogos con resultados justos y que suplanten con medidas distintas las causas del descontento social. Pero tampoco se ha reservado un ejercicio desmedido de violencia en operativos para reprimir a los grupos locales. Una cuestión que la población costarricense ha condenado desde su vivencias propias.
Detenciones ilegítimas en Longo Mai de Bueno Aires
El día de ayer 15 de octubre cerca del mediodía, mientras se mantenía la dinámica de bloqueo parcial, se presentó una de las últimas demostraciones de irracionalidad y desproporcionalidad en intervención policial, cuando la Fuerza Pública se desplegó en el lugar. Según indicaron los vecinos, fueron detenidas 5 personas en propiedades cercanas a la entrada de Longo Mai, sin oponer resistencia, en una detención considerada ilegítima.
La Comisión organizadora del bloqueo en Longo Mai, había entregado sus peticiones hace una semana a representantes del gobierno. En el documento manifestó que consideraba justo mantener el bloqueo por la desconfianza en las soluciones que diera el Gobierno, cosa que se demostró con el anuncio trasnochado de una mesa de diálogo sin método claro, que le daría potestad de decidir a discreción sobre los resultados del proceso.
Los cinco detenidos en Longo Mai fueron trasladados a Pérez Zeledón donde se les retuvo en los calabozos, hasta que les trasladaron a la delegación de Buenos Aires. Según se explicó, fueron indagados fuertemente por la fiscal, bajo los supuestos cargos de obstrucción de vía pública y pérdidas económicas para los exportadores (PINDECO en esta zona). Sin embargo, lograron demostrar su inocencia y con videos, probaron cómo fueron detenidos irregularmente dentro de propiedades privadas.
Doctrina del miedo para desmovilizar
Para Jiri Spendlingwimmer, del Movimiento Ríos Vivos, las detenciones arbitrarias e ilegítimas como la de ayer, tienen el único objetivo de impactar psicológicamente a las personas que se manifiestan, con la apertura de expedientes, para desmoralizar al grupo y que no continúe los bloqueos. Es un mecanismo para parar las protestas en todo el país, consideró, tras haber sucedido irregularidades similares en Cañas, Altamira de San Carlos y San José.
Bryan González, de la Escuela de la Tierra de Longo Mai, analiza que desde el 2001 se profundizó el rol represivo de los cuerpos de seguridad a nivel internacional. La fabricación orden de social del país recae en la Fuerza Pública y en los acuerdos de seguridad y cooperación con otros estados, principalmente con Estados Unidos y su política de control y explotación en otros países. Como se manifestó en el programa Radio 8 de Octubre, Costa Rica transita hacia una República del miedo.
Rechazamos la criminalización de la protesta
Ante el acoso sistemático contra las personas que protestan en diferentes regiones a partir de estigmas creados desde el Gobierno y los medios de comunicación, rechazamos las acciones ilegítimas contra la protesta social no violenta que se lleva a cabo en diferentes comunidades del país, y pedimos el cese de la violencia.
Condenamos la violación sistemática de los derechos de las personas de comunidades que se manifiestan ejerciendo sus garantías democráticas en el país. El Gobierno debe respetar y defender estos derechos, no perseguir y reprimir, pues con las acciones ilegítimas llevadas a cabo por los cuerpos represivos, se deshonra la institucionalidad democrática ante los pueblos, profundizando aún más la crisis por la que atraviesa nuestro país.