Costa Rica aún niega derecho a participación pública y justicia ambiental

Este 26 de septiembre se cumplen dos años desde que la ONU abrió a las firmas de Estados Latinoamericanos y del Caribe para ratificar el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe“.

Con la ratificación del instrumento por una tercera parte de las 33 naciones convocadas a firmar, entraría en vigencia este mecanismo. Sin embargo, hasta ahora sólo 23 países han firmado y 10 países han ratificado. Estos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

Pese al llamado formal de 17 organismos no convencionales de Naciones Unidas hecho a Costa Rica (y a otros Estados) en el 2019, y pese al hecho que Costa Rica fue el Estado anfitrión de la ronda final de negociaciones que le dió el nombre de Escazú a este acuerdo, la Asamblea Legislativa de Costa Rica no lo ha ratificado.

Según el análisis publicado por Nicolás Boeglin, especialista en derecho internacional de la Universidad de Costa Rica, en el país se ha venido sufriendo un retroceso en cuanto al derecho de participación pública, expreso en recientes resoluciones de la Sala Constitucional, que han contradicho jurisprudencia anterior, señalando que detrás de este hecho hay injerencia de las instancias políticas correspondientes para cambiar la composición de la Sala.

En el caso del Acuerdo de Escazú, la ausencia de ratificación por parte de Costa Rica está enviando una señal sumamente riesgosa para el Acuerdo de Escazú, en particular a algunos sectores políticos en otras latitudes de América Latina, firmemente opuestos a toda consolidación de los derechos de quienes defienden el ambiente“, afirmó Boeglin en Sputnik.

En la misma nota se señala que en América Latina, la urgencia es particularmente importante, ya que en la región se concentra la mayor cantidad de asesinatos de líderes ecologistas y comunitarios, y las intimidaciones y otras formas de desalentar la lucha ambientalista.