Costa Rica: Privatizadores se oponen a derechos y justicia ambiental
FECON 05/2021 | El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe se adoptó en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor en abril tras ratificarse por 12 países. Sin embargo, el Gobierno costarricense no ha querido ratificarlo, de forma que Costa Rica se une a los grupos más neoliberales de la región en su desacato, desprotegiendo derechos de acceso a mecanismos de participación y justicia para defensores del ambiente.
Algunos bloques legislativos han manifestado una serie de falsedades para oponerse y proteger sus grandes negocios ecocidas, mientras el Ministerio de Ambiente no mueve un dedo para afirmar la necesidad de este instrumento y deja en manos del impopular presidente Carlos Alvarado el impulso a la iniciativa, casi como esperando que sea sepultada. Entonces: ¿Qué intereses y proyectos defiende ahora el Ministerio de Ambiente?
¿Quiénes se oponen en Costa Rica a los derechos de las personas a acceder a información, participación pública y justicia en temas ambientales?
Son los partidos de la derecha extrema los que han salido a manifestarse en contra del Acuerdo de Escazú. Estos grupos políticos, liderados las por élites empresariales y terratenientes, protegen los grandes intereses privados a capa y espada, repudiando siempre la participación ciudadana en asuntos públicos como lo es la protección del ambiente.
Los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y Nueva República (PNR) -reconocidos por su afinidad con los negocios extractivistas- han salido a decir que el Acuerdo de Escazú lesionaría el sector productivo, levantando una campaña absurda que dice que el Acuerdo es “verde por fuera y rojo por dentro”, apostando a “el Coco” para asustar a adultos que nunca crecieron políticamente.
¿Quiénes defendemos en Costa Rica los derechos a la información, participación pública y justicia en temas ambientales?
Las comunidades organizadas para defender su territorio, los pueblos indígenas que cuidan la naturaleza, organizaciones ecologistas y ambientales que nos oponemos al saqueo como política económica. Somos múltiples los grupos sociales conscientes que la reivindicación del derecho a un ambiente sano está precedido por mecanismos claros y acceso a justicia pronta y cumplida.
Muchos de los grandes proyectos que pretenden lucrarse destruyendo los territorios y la naturaleza recurren a la confidencialidad de cierta información o limitan todo lo posible la participación pública en las decisiones territoriales, generando ambientes de privatización o institucionalizando y centralizando el carácter del dominio público ambiental con tecnicismos que excluyen y pasan por encima a los derechos ambientales de las comunidades.
Por esta razón, los mecanismos de participación hasta ahora desarrollados por la legislación vigente, a partir de los Convenios de los años 90´s en las Convenciones Internacionales sobre ambiente, han terminado siendo letra muerta en las fauces del desarrollismo, que utiliza todos los mecanismos posibles para ningunear los derechos territoriales de los pueblos y acrecentar sus negocios en el mercado capitalista.
El Acuerdo de Escazú viene a revitalizar los derechos que han sido desmeritados por el gran capital especialmente, con el objetivo de que 30 años después de los primeros acuerdos, se reconozcan consoliden los mecanismos de participación y justicia ambiental en los países de América Latina, donde las élites empresariales inmediatamente han reaccionado tal y como lo hizo en Costa Rica el bloque neoliberal citado al inicio.
Justicia para las personas defensoras del ambiente
En América Latina en general, la impunidad reina en los casos en que grandes proyectos lucrativos han recurrido a la violencia psicológica y física para desincentivar la defensa colectiva del ambiente. Según el informe 2019 de Global Witness sobre los países donde más se asesina a defensores ambientales, Colombia lideró con amplísimos deshonores la lista, con el 30% de los asesinatos registrados en el mundo (64), superando a gigantes territoriales como Brasil (24) y México (18), mientras en Centroamérica destacaron Honduras (14), Guatemala (12) y Nicaragua (5).
Los casos impunes en Costa Rica no son una excepción esto, donde la justicia ha pretendido archivar las investigaciones por el asesinato de Sergio Rojas en 2019 (quien además había sido encarcelado sin cargos en 2014). Se sumó además el homicidio de Jerhy Rivera en San Antonio de Térraba en febrero del 2020, donde los Tribunales dejaron libres a sus asesinos. Jerhy también había sido agredido en 2013 cuando pretendía denunciar una tala de árboles cercana a nacientes en su pueblo.
Estos acontecimientos impunes y la avanzada del neoliberalismo suponen a futuro más situaciones de riesgo las personas que actúan en la defensa del ambiente. Por esta razón, el Estado debe fortalecer los mecanismos de participación y garantizar acceso a justicia en estas situaciones, pues el Poder Judicial carece de mecanismos claros para atender esta materia, justificándose en las limitaciones para no avanzar.
Pero esta lucha también se viene dando desde las comunidades con su acción constante en temas ambientales. Territorios locales enfrentan dificultades de acceso a información por la centralización estatal y cuando se presentan manifiestos frente a las instancias ambientales terminan por invalidarse, pues chocan con grandes intereses público-privados e incluso con violencia por parte de los que se creen dueños de nuestros países, desde el norte hasta el sur.