El Acuerdo de Escazú son nuestros derechos ¡Costa Rica debe ratificarlo ahora!

La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) ratifica el Acuerdo de Escazú, sus fines y sus alcances para aportar a la justicia ambiental. El Estado Costarricense debe ratificar este Acuerdo Internacional. El rechazo legislativo de este esfuerzo internacional es una falta de respeto total para las personas que son víctima de exclusión, acoso, hostigamiento y violencia física o psicológica por defender el ambiente sano, que es un derecho constitucional en nuestro país.

En 2018 Costa Rica era anfitrión de la toma de un acuerdo internacional muy importante para América Latina: El Acuerdo de Escazú. En esta ocasión se llevó a la mesa el problema regional de los mecanismos de ocultamiento de información pública que sucede principalmente cuando existen fuertes intereses en megaproyectos privados potencialmente destructivos del ambiente (pero  también con el impulso de iniciativas estatales).

Además, se reconocen principios que mejoran la efectividad de la justicia ambiental, permitiendo superar la impunidad de actividades que pudieran llegar a afectar irreversiblemente el equilibrio ecológico. El Acuerdo reitera lo previsto en nuestra Ley de la Biodiversidad sobre las pruebas, al obligar al quien es acusado de contaminación a aportar elementos que le salven responsabilidad cuando de daños se trata (esto no opera en materia penal donde aplica un principio de inocencia).

Actualmente en Costa Rica, a pesar de que se tienen una serie de garantías constitucionales y legislación ambiental, en la práctica se ven capacidades sumamente limitadas por parte del Estado para contener los procesos destructivos del ambiente. Por esta razón, múltiples grupos comunales se deben organizar para intervenir estos asuntos con recursos propios, exponiéndose a todas las presiones que se citaron atrás por los que plantean la explotación indiscriminada de la naturaleza como medio para propiciar un crecimiento económico desigual.

Las luchas ambientales son  justas, porque reivindican un derecho colectivo, que es el bienestar ambiental, cuidando las dinámicas naturales, espacios y bienes públicos, así como la tranquilidad y la convivencia social en los territorios que se ven amenazados por cambios abruptos incentivados por proyectos con fines de lucro. Muchos países han sufrido desgracias por la dictadura del capital, y son cientos las personas asesinadas anualmente por defender el ambiente.

Ratificar el Acuerdo de Escazú es solidarizarse internacionalmente con las luchas de tantos líderes sociales asesinados en la región y muy especialmente, en Colombia, país que ha experimentado los peores impactos del mercado por la libre y la ausencia de mecanismos de protección social de defensores ambientales. Casualmente, el gobierno de Colombia tampoco ratificó el Acuerdo de Escazú, sumándose a los países donde los defensores de grandes mercados dominan la toma de decisiones y censuran el derecho al ambiente de las comunidades.

Costa Rica debe ratificar el Acuerdo de Escazú, dejando de lado la defensa de intereses particulares y anteponiendo los derechos de las personas al acceso debido a información, participación en toma de decisiones y a justicia en temas ambientales, para que el Estado reconozca y desarrolle los mejores mecanismos, liderando a nivel internacional este campo con hechos y no con simple publicidad. En esto se basa la verdadera democracia y no en defender negocios privados sin dar garantías ambientales, como actualmente denotan las posiciones de partidos políticos que se olvidaron de su deber de servicio al pueblo costarricense.

Sin ratificar el Acuerdo de Escazú, la falta de voluntad política seguirá pesando demasiado en los procesos, enrumbándose al país hacia un desarrollo inconsciente, impositivo y destructivo en el territorio nacional. Y en peores escenarios, los climas de impunidad ante el acoso, las amenazas y la destrucción de la vida misma, podrían seguirse consolidando en Costa Rica, sin amparo del Estado Costarricense para las personas que se involucren en defender el bienestar ambiental de su comunidad, territorio y país.