La crisis del 2020 enfilada contra el ambiente
El ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, a días de dejar su puesto, ha sacado a relucir el impacto de la crisis sanitaria en la administración ambiental del Estado, ya de por sí deprimida por no ser prioridad para el modelo país que han ido imponiendo progresivamente quienes gobiernan.
Los recortes presupuestarios al MINAE junto con los condicionamientos a la visitación de Parques Nacionales dejan aún más precaria la capacidad de atención ambiental en el país por parte de las autoridades. Sumado a esto, la situación económica crítica podría incentivar escenarios mayores de depredación de la naturaleza.
Costa Rica: un territorio con dos mares que proteger
Si bien la Ley Orgánica del Ambiente establece el deber estatal de la protección del ambiente en todo el territorio nacional, que abarca en su totalidad 595.975 km2 entre territorio continental y patrimonio oceánico, para el año 2015 CEPAL indicó que solo el 0.1% del PIB del país corresponde al Ministerio de Ambiente. Y en los últimos años, los recortes de Hacienda han sido progresivos.
Se observa claro entonces cómo en Costa Rica la protección ambiental ha quedado más en una etiqueta comercial que una prioridad para el bienestar social. Bajo estas condiciones, se hace complejo la reivindicación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del pueblo costarricense.
La pandemia de los oportunistas
En estos días que una crisis sanitaria ha profundizado la crisis del capitalismo, los grupos de poder buscan ajustar el futuro a sus condiciones y cargar la crisis sobre sectores que pueden adversar su modelo de explotación. Es el caso de los trabajadores explotados por la empresa privada, los derechos laborales en el sector público y los grupos defensores del ambiente.
Actualmente se presiona para que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) ajuste sus evaluaciones de impacto a criterios mercantiles de ambiente. Mientras tanto, en agenda legislativa se presiona para anclar de nuevo la economía a los desgastados e inviables extractivismos capitalistas, aprovechándose del desconcierto.
Lo que se percibe es la intención de un reajuste neoliberal que pretenderá incidir en la apertura progresiva del sistema de áreas protegidas, y profundizar la sobreexplotación fuera de ellas, bajo la excusa de la reactivación económica. Así, en plena pandemia, las cartas de los enemigos del ambiente se ponen sobre la mesa, buscando desplazar el derecho social a un ambiente sano.