El miércoles 26 de febrero, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) expuso ante la Comisión Legislativa sus 21 observaciones de forma y fondo sobre el texto de la nueva Ley para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. De ellas, pocas pero importantes tuvieron incidencia positiva en cambios del texto final.
FECON planteó un análisis del texto basado en cuatro principios. El primero, eliminar cualquier ambigüedad que amenace el ejercicio del dominio público sobre el agua. En segundo lugar, la necesidad de avances sustantivos en la protección de fuentes y cuerpos de agua que erradiquen las acciones de sobreexplotación, acaparamiento, contaminación y cualquier otro daño que actualmente no esté siendo alcanzado por la legislación.
En tercer lugar, crear herramientas progresivas de participación social en la fiscalización del dominio público y la reglamentación que derivaría de este proyecto de Ley. Y finalmente, que los planteamientos no contengan potenciales regresiones en términos ambientales.
Entre los puntos que FECON tuvo incidencia se obtuvo el reconocimiento explícito del agua como bien de dominio público e interés social. Esta aclaración reivindica lo dispuesto por la Ley Orgánica del Ambiente en su capítulo sobre aguas.
Además, gracias que FECON señaló su ausencia como un riesgo jurídico, se dio la inclusión y reconocimiento de las ASADAS como administradores del servicio público de agua, que anteriormente estaban ausentes.
Hay que señalar acá que las ASADAS para su operación ya requieren una concesión de agua para consumo humano. No hay cambio en detrimento de su gestión en la versión actual del proyecto de Ley, como señalan otros opositores al texto.
Y el tercer punto de incidencia de FECON fue el reconocimiento del caudal ecológico como factor que justifica la modificación de concesiones de agua (art. 72, inciso e), cuando éstas superen el parámetro de sostenibilidad que se determine para cada fuente de agua.
Para la gestión de conflictos hídricos, este elemento supone una herramienta fundamental, pues actualmente las denuncias por sobre explotación chocan contra la muralla de la Dirección de Aguas, que insiste en legitimar explotaciones de hasta el 90% de los caudales y no se inmuta ante la sequía recurrente de los ríos, especialmente en la vertiente pacífica, por concesiones para uso irracionales.
Avances en protección ambiental reconocidos por FECON
Costa Rica sufre conflictos por vacíos en la Ley de Aguas de 1942 y la falta de voluntad política de la Dirección de Aguas de MINAE en llenar esos vacíos ambientales y corregir la concentración del agua en pocas manos con una reglamentación actualizada y consecuente con los convenios ambientales del país. Por este difícil panorama, FECON reconoce avances conceptuales en materia ambiental dentro del proyecto.
El reconocimiento de caudales ecológicos como límite a las concesiones de aguas, permite pensar que sería regulada la explotación de agua en las fuentes y se impediría que se renueven concesiones insostenibles, mientras la institucionalidad se disponga a cumplir a cabalidad las disposiciones de esta Ley. También, un buen paso sería la protección absoluta de acuíferos que se declaren vulnerables.
La debilidad es que estos avances se definirían técnicamente en una reglamentación que se va a desarrollar sin participación social efectiva. Y en la experiencia, la técnica ha sido mal utilizada en la administración pública del agua por décadas para justificar la exclusión de los actores locales de muchas decisiones sobre sus territorios, por lo que queda aún la incertidumbre si los resultados de dicha reglamentación serán realmente progresivos o principalmente conflictivos.