Municipalidad de Santa Cruz denunciada por negligencia en protección de la zona pública de Marbella

La semana anterior se ha presentado una nueva denuncia ante la Procuraduría General de la República contra la Municipalidad de Santa Cruz de Guanacaste, que negligentemente se ha resistido a ejercer acciones en procura de proteger la costa de Marbella, omitiendo las responsabilidades que le corresponden legal y constitucionalmente.

Entre otros casos, en la zona pública de playa Frijolar se edificó un puente que no cumplió con los procedimientos técnico-ambientales de SETENA, a pesar de que por regulación nacional se considera un área de alta fragilidad ambiental. Es un sitio donde se bloqueó la boca de un ecosistema de manglar, para desarrollar el frente de una playa donde ocasionalmente se dan arribos de tortugas que buscan desovar.

El asunto del puente y del manglar está siendo conocido por el Tribunal Ambiental Administrativo. Aunque la municipalidad tiene demarcada la zona pública desde el año 2002, en sus informes sobre el caso indican sus técnicos que desconocen dónde inicia la Zona Marítimo Terrestre. Resulta irracional y negligente señalar que no se puede hacer nada por intervenir.

Los propietarios del frente de la playa manejan a su antojo la Zona Marítimo Terrestre sin acción reguladora alguna por parte de la Municipalidad de Santa Cruz. En enero hicieron un relleno para parqueo del restaurante Tiki-Hut

Se recurre a la Procuraduría porque con estas manifestaciones e inacción, es evidente que la administración municipal se ha convertido en un agente generador de inseguridad jurídica, ya que mantiene desprotegida de la zona pública y no hace nada por prevenir daños ambientales en la Zona Marítimo Terrestre.

La Procuraduría tiene la atribución de proteger los derechos del Estado en las áreas de Patrimonio Natural y la Zona Marítimo-Terrestre. Además le compete investigar el ejercicio de la ética pública de los funcionarios. Por esta razón, hemos solicitado que se obligue finalmente a los funcionarios a llevar a cabo las siguientes acciones:

• Presentar en un plazo de dos meses el trámite ante el Instituto Geográfico Nacional para la demarcación completa de la playa Coco.
• Que se ordene a la Municipalidad demoler las infraestructuras que correspondan a la Zona Pública o que no cuenten con permisos regulares.
• Que se inicien los procesos respectivos contra el Alcalde y los Regidores Negligentes incluyendo la pérdida de credenciales por descuidar el Patrimonio del Estado.

En estos momentos que la Municipalidad de Santa Cruz anunció el proceso para aprobar un plan regulador, no se pueden omitir ni borrar la serie de irregularidades que se han dado durante estos años. Los grupos locales deben insistir en que se cumpla ahora a cabalidad con las regulaciones de la Zona Marítimo Terrestre, que fue diseñado con fines de protección ambiental y no para ser espacios de abandono por parte de las municipalidades.