Ecologismo: la defensa del río San Rafael
La lucha por la defensa del río San Rafael en San Pedro de Pérez Zeledón en la Zona Sur se prolongó por seis años y medio, fue la más larga de los quince proyectos hidroeléctricos privados que se propusieron en los principales ríos del sur entre los años 2013 a 2015.
En las comunidades aledañas al río San Rafael, al igual que anteriormente se dio en los ríos Chirripó Pacífico, Peñas Blancas, San Pedro, Convento, Sonador, Volcán, Angel, Cañas y Canasta se formó una comisión local de personas de comunidades y organizaciones sociales y ambientales.
Estos grupos se caracterizaron por tener una estructura jerárquica horizontal en la toma de decisiones, inclusiva en cuanto a participación por género, niños, jóvenes, adultos mayores, y sin distinción de clase social, religión, o partido político, lo importante fue compartir la visión de apoyar la lucha por el agua.
El grupo local llamado Comisión Pro Rescate del Río San Rafael recibió gran apoyo a nivel regional y nacional.
Muchos grupos se solidarizaron y apoyaron acciones para hacer presión a las autoridades y finalmente lograr que el Ministro del Ambiente rechazara el último de los permisos que la empresa necesitaba para iniciar obras.
A nivel regional, la proliferación de hidroeléctricas se enmarca en el Proyecto Mesoamérica, un proyecto geoestratégico de EE UU, de su interés, en el actual contexto mundial de agotamiento de los recursos, y sus esfuerzos por mantenerse como la potencia hegemónica a nivel mundial.
Son parte del Proyecto Mesoamérica, el Sistema de Interconexión Eléctrica de América Central (Siecap), el cual a su vez se conecta con México y al sur con Colombia; además esta iniciativa incluye una amplia red de carreteras, puertos y oleoductos, así como el Corredor Biológico Mesoamericano, todo para facilitar la explotación y “saqueo” del espacio mesoamericano rico en agua, minerales, promover los agronegocios y explotar la biodiversidad.
Durante los últimos años, el rechazo al PH San Rafael era evidente, aun así la empresa continuaba argumentando y minimizando los impactos ambientales y sociales, exagerando los beneficios para las comunidades y en general promoviendo su proyecto como sinónimo de progreso y desarrollo local; por otro lado las instituciones del estado, la Municipalidad de Pérez Zeledón, Setena, Dirección de Aguas, Aresep, fueron una a una otorgando los permisos a pesar de la denuncia de decenas de irregularidades del proyecto.
Durante los casi siete años de duración de este conflicto socioambiental, la presencia de la empresa y su proyecto, provocó una división y conflictos entre vecinos, amigos y familias.
En este se registraron también hechos violentos. En caso de continuación del conflicto, bien hubiese sido posible más violencia e incluso muertes, tal como le ocurrió a Sergio Rojas en el cercano poblado de Salitre; otro escenario posible hubiese sido una mayor represión policial y detenciones de opositores, ya que en el país, las fuerzas policiales reciben entrenamiento militar en cuestionados centros tales como la Escuela de las Américas2 (WHINSEC en Fort Benning), Colombia, Carabineros de Chile o Israel.
El rol de las comunidades y activistas ambientales fue fundamental para detener el PH San Rafael, no obstante la amenaza de los ríos en el sur, aún se encuentra presente en el cantón de Coto Brus, donde el ICE tiene planificado realizar cinco proyectos hidroeléctricos.
Además algunos de los proyectos detenidos entre 2013 y 2019 han demostrado ser inmortales, tal es el caso del PH Gran Boruca, que existió décadas atrás para posteriormente renacer llamándose PH Diquís, o el PH Los Gemelos en los 90´s, el cual surgió con el nombre de PH Hidrosur.