Revocarán derechos otorgados ilegalmente en Avellanas

Un grave hecho cometido por el Concejo Municipal de Santa Cruz en playa Avellanas sale a la luz y debe ser sometido al proceso de revocatoria según el Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Tras la presión civil se ha verificado la eventual ilegalidad de una declaratoria de derechos de ocupación, reubicación y prioridad que favoreció en 2016 a siete personas externas a la comunidad de Avellanas.

Fue una regidora del PLN, Celia Pastrana Gutiérrez, quien presentó una moción para reconocer esos derechos a personajes ajenos a la comunidad local, quienes tenían lotes o proyectos empresariales en la Zona Martítimo Terrestre. Entre ellos se identifica a Nora Souc, empresaria francesa ligada con el desarrollo inmobiliario Altos de Pinilla. Confraternidad Guanacasteca había denunciado ya la creación de un Acueducto vestido de comunal en el que Nora era tesorera  y otros dos miembros de Junta Directiva eran familiares directos de apellido Souc.

El Departamento de Zona Marítimo Terrestre apuntó que el artículo 70 de la Ley de 6043 determina que para obtener la declaración de poblador es necesario ser costarricense por nacimiento, certificar mediante registros estatales que tiene más 10 años o más de habitar y que su única propiedad se ubica en Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Señala que varios de ellos no cumplen con esos criterios, sin haber estudios previos a la toma del acuerdo, por lo que se solicita el criterio jurídico para proceder a revocar los derechos adquiridos ilegalmente.

Oficio del Depto. ZMT de Santa Cruz solicitando revocar el acuerdo ilegal que otorgó derechos a empresarios

Esta situación demuestra una vez más las irregularidades que han reinado en años recientes sobre el manejo de la ZMT en Santa Cruz. El desarrollo ambientalmente descontrolado, la creación de ASADAS para atender lotes y residenciales que son parte de grandes negocios inmobiliarios y hasta el otorgamiento de estos derechos a empresarios externos demuestran un entramado de intereses y posible corrupción de funcionarios municipales que han permitido hasta hoy el robo por la libre de la costa santacruceña. Una situación que amerita ser investigada a fondo y corregida de raíz.